Ayer me desayuné con la noticia de que los magistrados del sector “conservador” del Tribunal Constitucional han tomado el control de la situación en detrimento del sector “progresista”. La Presidenta del Tribunal, en ejercicio de una prudencia cuando menos encomiable facilita la labor a los derechistas que se quedan en posición de mayoría para votar las resoluciones. Hasta aquí, me parece cuando menos opinable, sino divertido. El peligro, la alarma cunden cuando la consecuencia de esta situación, dicen, es que el Estatut de Catalunya corre peligro de ser tumbado.
Alucinante cuando menos. El máximo Tribunal, el exponente más alto de la judicatura española está dividido en dos bandos, como en una pelea callejera. Y lo importante ya no es si el Estatut es constitucional o no (que de eso se trataría), sino de dominar el escenario de la votación para sacarlo adelante o tumbarlo.
Un Estatut que ha pasado por todos los trámites parlamentarios establecidos en Ley, análisis de los Consejos Consultivos de Generalitat y Gobierno (precisamente para evitar inconstitucionalidades), ratificación parlamentaria en Catalunya y España, y finalmente aprobación mediante el preceptivo referéndum.
Los que entienden de esto (y yo no quiero creerles) dicen que los conservadores se cargarán el Estatut. Sin encomendarse a la Constitución, que es lo que se supone deben hacer. ¿O no? Parece que todo el pescado está vendido, y no importa el contenido de lo que se debate sino quién lo presenta y con qué intenciones.
Si se presenta una Ley promovida por la izquierda, los miembros conservadores se la cargarán, y los progresistas la defenderán. ¿Pero esto qué es? Siguen jugando, o peor todavía, siguen tratando a España como un cortijo donde hacen y deshacen a su antojo. Dios los confunda y los medique con una esquizofrenia benigna que les haga entrar en razón, juzgando y sentenciando considerando la ley y no los intereses de sus padrinos.